La reforma constitucional y el contexto sudamericano

Sin aferrarme a ningún dogma ideológico, afirmo que el Imperialismo existe y está plenamente vigente.

    Todas las medidas adoptadas hasta ahora por las economías desarrolladas con la pretensión de paliar su crisis confirman la decisión de persistir en el modelo financiero, que, precisamente, es el causante de la misma. En lugar de dirigirlas al estímulo de sus fuerzas productivas, van al rescate de los bancos, es decir, de quienes nuclean el tráfico de derivados financieros que apresuró el estallido, debido a su desconexión de la economía real. 

La insistencia en el desenfreno financiero por parte de los países del Norte, va acompañada de una demanda cada vez mayor de recursos energéticos que no poseen en la medida de sus necesidades, y, por lo tanto, conlleva al control político y militar de zonas estratégicas. La naturaleza misma del modelo los lleva a repetir el ciclo de dominación ilimitadamente, tanto en su sostenimiento en el tiempo como en su inescrupulosidad en cuanto a los medios.
Se trata de un círculo vicioso del cual América Latina no es ajena desde hace cinco siglos, y, en especial, desde nuestro proceso emancipatorio, a principios del siglo XIX. Y que nos costó la sangre de miles de mártires. La diferencia que marca esta primera década del siglo XXI es la confluencia de gobiernos populares, encarnados por liderazgos muy fuertes, dispuestos a cuestionar aquella hegemonía de la dependencia económica, la depredación de los recursos naturales y el tutelaje político-ideológico.

LA ALTERNATIVA SUDAMERICANA. En el G-20, los países emergentes –con gran protagonismo de la Argentina– vienen denunciando ese modelo. Asimismo, en su encomiable discurso ante el Comité de Descolonización, nuestra presidenta desplegó un conjunto de axiomas que trascienden la disputa bilateral por un territorio, para situarse en el plano de los nuevos paradigmas de civilización. En la misma semana, la Argentina lideró la posición de numerosos países emergentes en la Cumbre Ambiental de Río de Janeiro, denunciando la estrategia de los poderosos. Al mismo tiempo que depredan el ambiente, incumplen los tratados que firmaron y exportan al Sur sus tecnologías más sucias. Están obligados a incumplir con las metas ambientales debido a su necesidad de sostener el desenfreno del modelo, y proponen pagar bonos a nuestros países a cambio del incumplimiento. Esto acarrea dos consecuencias graves: 1) No detiene la depredación; y 2) Para pagar su incumplimiento necesitan seguir concentrando divisas, convierten al medio ambiente en un nuevo derivado financiero, y reproducen el ciclo de explotación.
Si juntamos estas tres sólidas posiciones internacionales sostenidas por nuestra presidenta –G-20, Comité de Descolonización y Cumbre Ambiental– con las últimas medidas de política interna –regulación del mercado de divisas, administración del comercio exterior, recuperación de autoridad monetaria del Banco Central, recuperación de YPF y el programa de construcción masiva de viviendas– nos encontramos con una consistencia notable de la filosofía de un proyecto global, que es, entre otras cosas, lo que le ha dado a Cristina Fernández de Kirchner, un alto predicamento entre los líderes políticos de la región y del mundo.

PARAGUAY COMO CUÑA. El golpe perpetrado por la corporación política de Paraguay, en connivencia con los grupos de poder oligárquico, fundamentalmente terratenientes, se inscribe en esta disputa de hegemonía regional. Los gobiernos populares del Mercosur y la Unasur suspendieron transitoriamente la participación del Paraguay en esos organismos, hasta que se repare la anomalía institucional. Sin embargo, los EE UU, el Vaticano, el gobierno de derecha español y la Alemania de Angela Merkel fueron los primeros en reconocer al nuevo e ilegítimo gobierno. En el caso del Mercosur, de fuerte sello comercial, Paraguay se siente desobligado de sus compromisos, y liberado, por lo tanto, no sólo para establecer con los EE UU acuerdos de libre comercio, sino también para permitir la instalación de bases, el ingreso del Comando Sur o de equipamiento militar, además de ejercer una tolerancia mucho mayor respecto de sus operaciones de inteligencia. En estas condiciones, Paraguay se reafirma como un territorio apto para todas las políticas que los EE UU quieran hacer sobre la región.
Qué coincidencia, además, que la corporación política que propinó el golpe al presidente Lugo, es la misma que venía impidiendo el ingreso de Venezuela al Mercosur. Por eso, había que responder con una medida política y simbólica muy fuerte y muy autónoma, como fue la incorporación de Venezuela. En estos procesos no se puede andar con medias tintas.
Un cambio significativo en la ecuación política de la integración sudamericana: Venezuela, con todo su potencial energético y político, accede al bloque del Cono Sur y nos conecta a este con el Caribe. A su vez, los EE UU y los grupos de derecha de la región encuentran en la nueva situación paraguaya el canal de entrada al Cono Sur, la cuña al proceso de integración, que no habían logrado con otros gobiernos afines.
Está demostrado que la vocación de cambio, expresada por los pueblos sudamericanos en la última década, ha permitido el surgimiento de los liderazgos presidenciales con mucha más celeridad que lo que tardan sus sistemas de partidos e instituciones demoliberales, en adecuarse a los nuevos paradigmas. Y esto, sumado a las sucesivas intentonas destituyentes que atraviesan nuestros países, no hace más que ratificar la dimensión de la batalla cultural que aún tenemos pendiente.

POLÍTICAS PERMANENTES VS. MANDATOS CORTOS. Sin aferrarme a ningún atavismo, dogma ideológico, ni preconcepto arcaico, y dispuesto a analizar la realidad desde las teorías más recientes, afirmo que el Imperialismo existe y está plenamente vigente. Recubierto de ropajes nuevos y apelando a formas más lozanas y sutiles, pero tan preciso, obstinado y eficiente como siempre. Apoyado en sus acólitos locales, tiene sus intereses puestos en la región, maneja estrategias, y está dispuesto a ejecutarlas. Sus políticas de intromisión –justificada, sucesivamente, con la “Doctrina Monroe”, la política del garrote, la Doctrina de la Seguridad Nacional o los golpes blandos del presente– responden a una idea permanente. La idea permanente de que, en la medida en que cualquier país sudamericano aplique políticas que desentonen con sus intereses, los poderes fácticos –que de ellos se trata– se ven obligados a intervenir en los asuntos internos para reordenarlo.
El esquema descripto es una “política permanente”, que ha recurrido a la invasión, el golpismo, la hegemonía cultural, la dependencia financiera y otros mil formatos, desde los albores mismos de nuestra emancipación. En algunos países más que en otros, dichas políticas han tenido la inteligencia de construir toda una arquitectura institucional, que genera tantas mediaciones entre la voluntad popular y la decisión política, que finalmente termina desdibujando aquella voluntad popular y jugando a favor de sus propios intereses. El ejemplo más palpable es el reciente golpe en Paraguay, dado, nada menos, que por una institución “democrática” como el Parlamento, a través de otra institución “democrática”, como lo son los partidos políticos tradicionales. Una clase política que no actúa en representación de los más pobres, sino de los más poderosos; que no es independiente ni soberana, sino servil a las directivas de los terratenientes y los grupos trasnacionales ligados al agronegocio.
Está en disputa, pues, el significado y el contenido de lo democrático. Y una disputa semejante amerita revisar el sistema institucional en el que se apoyaron los sucesivos ajustes sociales, y pensar en instituciones nuevas, que afiancen los actuales procesos populares y consoliden los nuevos paradigmas. Tal lo hecho en países hermanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador, justifica el debate sobre una Reforma Constitucional. Una Reforma, que, al andamiaje tradicional de instituciones liberales, lo interpele desde una nueva mirada institucional, con anclaje en conceptos como el poder popular y la economía social y solidaria, con una metodología que saque la discusión de los laboratorios para situarla en el seno de las enriquecedoras experiencias que arroja el debate público de estos tiempos.
Por último, es ese mismo sistema de poder el que, de su lado, aplica políticas permanentes. Pero que, al mismo tiempo, limita a mandatos cortos la legitimidad de la política, de modo de debilitar o interrumpir los procesos populares cuando estos tienen la osadía de disputar su hegemonía. Y saltan con la cantinela de la alternancia y la excusa de que los líderes populares no deben “perpetuarse”. Justamente son los inspiradores de políticas perpetuas, los que necesitan mandatos cortos de la política, de modo que esta no se aventure a poner en tela de juicio sus intereses, no pueda dar batallas culturales que suelen ser más largas que un mandato o dos de un presidente.
No doy por cerrado el debate. Pero tampoco permitamos que sean “ellos” quienes lo cierren. Y procuro que nos preguntemos si hay o no una relación estrecha entre la Reforma Constitucional, y el desafío de consolidar los procesos populares de nuestra querida Sudamérica.